Dos expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado fueron imputados por fraude y falsificación ideológica

Un tercer expresidente, Alexandro Infante, no se presentó a la audiencia y fue declarado en rebeldía por la Justicia.

Dos expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado, José Luis Sánchez y Darwin Correa, fueron imputados este miércoles por la Justicia por los delitos de fraude y falsificación ideológica por funcionario público. La audiencia judicial, que se desarrolló en el Centro de Justicia de Maldonado, concluyó con la formalización de ambos jerarcas y la aplicación de medidas cautelares durante 90 días mientras avanza la investigación.

Un tercer expresidente, Alexandro Infante, no se presentó a la audiencia, pese a que sus abogados sí concurrieron. Ante su incomparecencia, la jueza lo declaró en rebeldía y ordenó su detención inmediata. Será trasladado por la Policía en cuanto sea localizado y enfrentará una audiencia similar a la de sus excompañeros de la Junta.

La investigación comenzó a partir de documentos entregados por el periodista Jorge Bonica al fiscal Jorge Vaz y fue fortalecida con pruebas adicionales presentadas por nueve ediles del Frente Amplio. Según la hipótesis de Fiscalía, los expresidentes autorizaron pagos por trabajos que no se habrían realizado, utilizando facturas de una empresa que ni siquiera estaba registrada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) requisito indispensable para contratar con el Estado. En la audiencia se detalló que más de $1.400.000 habrían sido desviados a una cuenta bancaria del hijo de uno de los exjerarcas, y luego transferidos nuevamente a una cuenta personal del propio presidente.

El empresario vinculado a las facturas declaró ante la Fiscalía que no realizó ninguna tarea para la Junta y que simplemente prestó los documentos. Afirmó además que nunca recibió dinero alguno por esos conceptos. Esta versión fue expuesta por el fiscal durante la audiencia, aunque los abogados defensores sostienen que los trabajos sí se llevaron a cabo, pero que pudo haber fallado el control administrativo.

El abogado defensor de Correa, Álvaro Garcé, habló con la prensa tras la audiencia y cuestionó la decisión de la Justicia. “Con respecto a la decisión de la formalización de la investigación, no la hemos compartido”, expresó, y confirmó que interpusieron un recurso de apelación. “Entendemos que los hechos se discutirán a fondo en el proceso. Por eso nosotros estamos convencidos de que nuestro defendido, Darwin Correa, no ha cometido hechos penalmente reprochables”.

A pesar de las objeciones al fondo del caso, Garcé destacó que las medidas impuestas fueron razonables. “El otro elemento donde sí compartimos la lectura de los hechos con Fiscalía y con la jueza es respecto a las medidas cautelares, que no se ha dispuesto ni la prisión preventiva ni el arresto domiciliario, sino otro tipo de cautelas menores que parecen francamente razonables”, declaró. Consultado sobre las medidas limitativas, reafirmó: “Nos parecen razonables dentro de un escenario que no compartimos, que es la formalización, pero sí es razonable lo que se ha pedido y lo que se proveyó por el juzgado”.

Las medidas impuestas incluyen la prohibición de salir del país, el retiro de la documentación de viaje, la fijación de domicilio y la obligación de presentarse una vez por semana en la seccional policial. Además, la jueza dispuso que se comunique la imputación a la Corte Electoral.

Pocas horas después de la audiencia, el Partido Nacional de Maldonado emitió un comunicado en el que expresó su consternación por los hechos y anunció la suspensión de los derechos partidarios de los tres investigados. Mientras dure el proceso, no podrán representar al partido ni ocupar cargos en su nombre. “El día de hoy es un día triste para el Partido Nacional y para toda la dirigencia de Maldonado”, cierra el documento.

La investigación continuará durante los próximos 90 días, período en el cual el fiscal Jorge Vaz buscará determinar con precisión el destino del dinero público y la eventual responsabilidad penal de los implicados.