"Llamó para advertir" y terminó perdiendo el trabajo: la historia de la joven que alertó al 911 por posible bomba en un shopping y fue imputada

Un Tribunal de Apelaciones le dio la razón y revocó la formalización, luego de que cumpliera con 45 días de arresto domiciliario.

A finales de marzo una particular situación tomó el centro de la escena en los medios, las redes y las conversaciones callejeras: la sucesión de amenazas de bomba en shoppings y centros educativos. El domingo 23 en la tarde fue el turno del Punta Carretas Shopping.

Una mujer que trabajaba en un local escuchó a dos personas que estaban por subir a una escalera mecánica y se reían hablando sobre las recientes amenazas en el Montevideo Shopping. Según su versión, escuchó que dijeron "vamos a hacer lo mismo acá". Ante esto, se asustó, fue al baño y llamó al 911. En una conversación de un minuto explicó lo ocurrido al agente que atendió el teléfono, describió a los hombres y el punto del centro comercial donde había ocurrido.

El shopping fue evacuado y, luego de inspeccionarlo, se comprobó que no existía tal objeto explosivo.

La joven fue detenida dos días después en su casa y la imputaron por simulación de delito y violencia privada. El 28 de marzo comenzó a cumplir una medida cautelar de 45 días de arresto domiciliario con tobillera electrónica. "Perdió el trabajo por el arresto domiciliario. También la posibilidad de seguir estudiando durante ese semestre", narró su abogada -defensora pública- Florencia Perillo a Telemundo este viernes.

Días atrás, un Tribunal de Apelaciones revocó la imputación porque sus miembros entendieron que ella no hizo "ninguna amenaza".

El tribunal consideró que la joven actuó con "la razonable diligencia" al "dar cuenta a la autoridad policial de una conversación que había escuchado y que podría generar un grave peligro no sólo para su integridad física sino también de la de todos los que se encontraban en el lugar", según consta en la sentencia a la que accedió Telemundo.

"Su conducta no fue delictiva, todo lo contrario, se ajustó a la conducta esperable de un ciudadano medio que conoce por la circunstancia que fuere una información de ese tenor", concluyó el tribunal.

La abogada consideró que se "cortó el hilo por la parte más fina": "Estábamos en un contexto de alta sensibilidad social, mediática, había que dar una respuesta y se tomaron decisiones judiciales que afectaron a un inocente".

La mujer sufrió un "daño psicológico" por lo ocurrido y "lo viene tratando de sobrellevar con terapia". Pese a que recibió "con alegría" la revocación de la imputación, "sigue en un proceso bastante complicado". "No quiere saber nada con pisar un juzgado, ni con la Policía, ni con absolutamente nada. La verdad que quedó con bastante miedo de actuar bien", narró su abogada.

Al momento no hay una indemnización prevista por el daño económico. "Ella, si quisiera, podría tomar acciones por su cuenta para solicitar una reparación patrimonial. Pero no hay nada previsto", aclaró Perillo.

Dos puntos en debate

Dos de los puntos en que la Fiscalía se basó para inculpar a la joven fueron que la llamada fue anónima y que, según su versión, en las cámaras de seguridad nunca aparecieron los dos hombres que mantuvieron la supuesta conversación.

La defensa, en tanto, afirmó que "la Policía nunca le pidió que se identifique" durante la llamada y que "ella lo hubiera hecho".

Con respecto al segundo punto, Perillo explicó: "La realidad es que a esa evidencia la defensa nunca accedió. No existía esa filmación o al menos si existía, en la carpeta no estaba, por lo cual es como si no existiera realmente", contestó Perillo. "El punto no quedó aclarado en la audiencia", concluyó el tribunal.