Condenaron a prisión a la dueña y una empleada del residencial de Treinta y Tres que sufrió un incendio en 2024 que terminó con diez muertos

Se les indicó una pena de cinco años de penitenciaría, a cumplir en diferentes modalidades.

En las últimas horas fueron condenadas a prisión la dueña y una empleada del residencial de Treinta y Tres que sufrió un incendio en 2024 que terminó con diez personas muertas.

El incendio se desató a las 6:00 horas del 7 de julio de 2024 en un residencial de la ciudad de Treinta y Tres. Los diez internos que vivían en ese lugar, con edades desde 66 hasta 95 años, fallecieron por intoxicación. Solo sobrevivió la cuidadora.

El informe de Bomberos muestra el lugar exacto en que comenzó el incendio: una habitación donde estaba encendida la estufa a leña. La empleada contó que escuchó un ruido. Abrió la puerta hacia el pasillo y lo vio lleno de humo. "Esto evidencia que el incendio ya llevaba cierto tiempo de desarrollo", establece la pericia. En la pericia también hay fotografías de los extintores, que no se utilizaron, y cuya carga estaba vencida desde setiembre del año 2021.

El 4 de octubre de 2024, la jueza penal formalizó la investigación por un presunto homicidio culposo complejo, contra la propietaria y una empleada del centro. 

Ahora, ambas mujeres, de 48 y 30 años, respectivamente, fueron condenadas por la Justicia.

“Por sentencia, el Juzgado Letrado de 4to. Turno Departamental, resultaron condenadas como autoras penalmente responsables de un delito de homicidio culpable complejo por el resultado de muerte de varias personas”, indicó la Policía local.

Se les indicó una pena de cinco años de penitenciaría, con descuento de la medida cautelar sufrida, a cumplir de la siguiente forma: un año de prisión efectiva que se computa con la medida cautelar cumplida; un año de prisión domiciliaria total con descuento de la cautelar cumplida; un año de arresto domiciliaria nocturna a cumplirse en el horario de 22:00 a 6:00 horas; y dos años de libertad a prueba, con la obligación de presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente al domicilio fijado así como la prestación de servicios comunitarios por el plazo de diez meses durante dos horas semanales.