Diputado blanco dijo que anuncio de rescisión con Cardama "generó incertidumbre" y Blanca Rodríguez habló de "irregularidades flagrantes"

Desde la oposición advierten por “incertidumbre” y falta de transparencia, mientras el oficialismo sostiene que hubo irregularidades y reafirma el compromiso de dotar al país de patrullas

El anuncio del gobierno de rescindir el contrato con la empresa Cardama generó un nuevo cruce entre oficialismo y oposición, con cuestionamientos sobre el impacto de la decisión en el proyecto de patrullas oceánicas y el control del mar uruguayo.

El diputado del Partido Nacional Gabriel Gianoli sostuvo que la medida generó “incertidumbre” y que eso habría afectado la provisión de motores del fabricante Caterpillar que necesita la empresa. Según explicó, existen compromisos financieros que influyen en la continuidad del suministro. “Aquí hay plazos de cumplimiento que tienen que ver con cartas de crédito que se deberían pagar. Entonces, cuando estás ahogando a la persona el que va a proveer lo piensa dos veces si te va a traer los motores o no porque se quiere garantizar el cobro”, afirmó.

Gianoli agregó que, a su entender, el gobierno no logró demostrar un incumplimiento contractual previo por parte de la empresa. “No ha logrado el gobierno demostrar el incumplimiento. A no ser que el gobierno esté buscando, con este ahogo, generar un incumplimiento forzado. Decir: ahora estamos en el problema de que no vinieron los motores, por tanto Cardama incumplió y ahora sí rescindimos el contrato”, señaló.

El legislador también advirtió que, mientras el tema permanece sin resolución, “el narcotráfico y la pesca ilegal se están haciendo un picnic en el mar uruguayo”. Además, cuestionó la forma en que el Ejecutivo maneja el asunto y habló de “secretismo”, al señalar que se negó la conformación de una comisión parlamentaria para buscar alternativas. Gianoli viajó a Vigo para conocer de primera mano el avance de los trabajos vinculados al astillero.

Desde el oficialismo, la senadora Blanca Rodríguez respondió que existieron “irregularidades flagrantes” que, según dijo, no fueron detectadas a tiempo durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. “El gobierno estaba financiando a la empresa privada. Por eso le pagaba por adelantado antes de los avances y antes de que entregara todas las obras. El 90% se pagaba por adelantado, con una garantía que era el 3% del monto. Era como advertir de antemano que la empresa no iba a poder cumplir”, afirmó.

Rodríguez sostuvo que en el Parlamento quedó clara la diferencia de posturas. “En la interpelación quedó claro que hay un gobierno que está defendiendo los intereses de los uruguayos y del país; y que hay sectores que están defendiendo a una empresa privada”, expresó.

La senadora aseguró además que el Ejecutivo mantiene el compromiso de que Uruguay contará con patrullas oceánicas, aunque dejó abierta la posibilidad de que sean construidas o provistas por otra empresa.