Imputaron con prisión a la dueña y a la encargada del residencial por delitos de privación de libertad, abandono, estafa y omisión de asistencia

Algunos familiares confirmaron a la Fiscalía que los ancianos eran ingresados en el residencial de “pantalla”, según lo catalogado por la fiscal.

La Justicia imputó este domingo a la dueña y a la encargada del residencial irregular de La Unión por reiterados delitos de privación de libertad, reiterados delitos de abandono de personas incapaces, reiterados delitos de estafa y reiterados delitos de omisión de asistencia. Se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva por 120 días mientras avanza la investigación.

La audiencia tuvo lugar este domingo, luego de que entre el viernes y el sábado un total de 22 adultos mayores (de entre 68 y 98 años) fuesen evacuados de un residencial irregular en Mateo Cabral y Comercio, tras constatarse que estaban en condiciones de hacinamiento y bajo muy malos cuidados.

En la audiencia de este domingo, la fiscal Flagrancia de 15º turno, Sylvia Lovesio, repasó que los vecinos escuchaban gritos de los adultos mayores que estaban encerrados y pedían ayuda.

La Policía ingresó al residencial clandestino por una azotea y encontró en un altillo a cinco hombres durmiendo en colchones en el piso con falta de aseo, incluido un hombre de 98 años.

Bajaron por una escalera al resto de la casa y encontraron a mujeres tiradas en el piso, otras gritando y pidiendo agua. En un garaje había más personas durmiendo en malas condiciones. La mayoría de los adultos tenían problemas de movilidad.

“La situación de vulnerabilidad era extrema y se violaron los derechos humanos básicos”, indicó la fiscal del caso durante la audiencia.

Agregó que cuando la Policía fue advertida por los vecinos de que ese espacio correspondía al residencial que funcionaba en la esquina, los uniformados fueron hasta el lugar y quienes estaban allí negaron tener relación alguna con ese espacio.

Algunos familiares confirmaron a la Fiscalía que los ancianos eran ingresados en el residencial de “pantalla”, según lo catalogado por la fiscal.

Los familiares agregaron que cuando iban a visitar a los adultos, siempre debían avisar con tiempo y eran recibidos en el residencial en el que habían sido ingresados, desconociendo la existencia del otro espacio.

La fiscal Lovesio destacó el trabajo de los policías de URPM que estuvieron varias horas hasta que pudieron ingresar al lugar.

La Fiscalía aportó como evidencia videos de las cámaras corporales de los efectivos y los testimonios de los familiares de los ancianos.

En este sentido, la fiscal solicitó la imputación de la dueña y la encargada del residencial irregular por reiterados delitos de privación de libertad, reiterados delitos de abandono de personas incapaces, reiterados delitos de estafa y reiterados delitos de omisión de asistencia. Todos los delitos en calidad de autoras. 

En tanto, el abogado de las dos indagadas se opuso a la imputación y argumentó que el hecho de que lugar no tuviera un cartel identificatorio no lo hace “clandestino”. 

Agregó que en ese espacio había un “colaborador” para cuidar a los ancianos y que no le abrió a la Policía dado que estaba dormido y no escuchó los gritos. Sin embargo, no recibía al momento un salario o estaba ingresado como un trabajador formal. Respecto a los pedidos de auxilio que escucharon los vecinos y la Policía, los vinculó a sus “condiciones mentales”.

Durante parte de la audiencia que presenció un equipo periodístico de Telemundo, ninguna de las dos mujeres finalmente imputadas emitieron palabra alguna, únicamente respondieron a la jueza que entendían los delitos que se les imputaron. 

Tras escuchar ambas partes, la jueza Viviana Galletto resolvió dar lugar al pedido de imputación de la Fiscalía de Flagrancia 15º turno.