Tras caso de Orsi, edil propuso proyecto “deuda cero” en impuestos para jerarcas de la IM

La iniciativa plantea que quienes ocupen cargos políticos o de confianza en la comuna deban acreditar estar al día con sus obligaciones.

El edil nacionalista Gonzalo Gómez presentó un proyecto de decreto para crear el régimen “Deuda cero”, que obliga a quienes ocupen cargos electivos, políticos y de particular confianza en la Intendencia de Montevideo a estar al día con sus obligaciones tributarias y demás créditos ante el gobierno departamental.

La iniciativa fue presentada luego de la polémica generada por la deuda de contribución inmobiliaria que mantenía el presidente Yamandú Orsi sobre un inmueble en Salinas, situación que derivó en un intercambio político entre oficialismo y oposición.

En sus redes sociales, Gómez sostuvo que “no se puede exigir a los montevideanos que paguen sus tributos mientras quienes gobiernan no cumplen con las mismas obligaciones”.

El proyecto establece que el requisito alcanzará a quienes ejerzan cargos políticos electivos, de designación política o de particular confianza en la comuna capitalina. Para asumir y mantenerse en funciones deberán acreditar que no registran deudas por tributos departamentales, multas, tasas, precios, cánones, permisos y cualquier otra obligación cuyo cobro corresponda a la Intendencia de Montevideo.

La propuesta prevé que la situación pueda acreditarse mediante un certificado expedido por la Intendencia y contempla una excepción para quienes mantengan un convenio de pago vigente y al día.

Además, dispone que el cumplimiento de las obligaciones deberá mantenerse durante todo el período en el cargo y renovarse anualmente. En caso de detectarse una deuda, el jerarca tendrá un plazo para regularizarla antes de que se apliquen las consecuencias previstas en la reglamentación.

En la exposición de motivos, Gómez sostiene que la iniciativa busca “fortalecer la confianza pública en las instituciones departamentales” y promover mayores estándares de transparencia, integridad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Agrega que quienes administran recursos públicos deben mantener una conducta coherente con las obligaciones que el propio Estado exige a la ciudadanía.