Mides confirmó que transferencias por hijo no exigirán saber en qué se gasta el dinero

La oposición criticó la falta de contraprestaciones y advirtió que el dinero probablemente termine en “cigarros, vino o algo peor”.

En el marco de la Rendición de Cuentas y su fuerte énfasis en la reducción de la pobreza infantil, el director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Martín Fernández, confirmó que, de aprobarse, las transferencias únicas por hijo podrían cobrarse 100% en efectivo y sin trazabilidad de parte del ministerio. 

Previamente, durante la comparecencia del ministro de Economía Gabriel Oddone, el subsecretario Martín Vallcorba había adelantado que fortalecer las transferencias constituye una prioridad para el gobierno y que “invertir en infancia es un mandato ético y un factor clave para la productividad y el futuro”.

Según explicó entonces, la propuesta pasa por unificar distintos programas con el objetivo de simplificar el acceso y aumentar la cobertura en un nuevo esquema que prevé más prestaciones en hogares de menores ingresos, que incorporaría a más de 50.000 niños a partir del 2027, con el objetivo de reducir un 25% la pobreza infantil.

Según informó en entrevista con Radio Carve, Fernández justificó que “la evidencia ha demostrado que las personas más vulnerables, que son las que cobran tarjetas, tienen una opción de gastar bastante orientada a los servicios básicos” como comida, vestimenta y calefacción.

En ese sentido, y según monitoreos del Mides, “el porcentaje de gasto de las familias en ese tipo de productos y servicios es muy alto, porque son familias que lo necesitan para vivir”. 

“Si la gente quiere acceder a alguna cosa dañina, también va a terminar buscando los caminos. Esta asignación única se apoya en esa Ley de Inclusión Financiera y en esta búsqueda de que las personas puedan disponer del dinero para afrontar los distintos avatares que sufren en el mes, confiando en qué la van a gastar”, aseguró. 

Asimismo, el director precisó que el dinero por transferencia puede cobrarse por las redes de cobranza, cuentas bancarias con tarjeta de débito o por la billetera electrónica Tuapp, que tiene descuento de IVA.

Sin embargo, de acuerdo con la postura de la oposición, Rodríguez expresó que el debate que se da por esa medida es “ideológico”, en respuesta a una “mirada sobre las familias más pobres” que apunta a “una restricción a la plata que puedan recibir”.

“Es una discusión técnica, académica y fuerte, como también lo es política. Hay que hablarla y nosotros la venimos a defender porque entendemos que este no es el único ingreso que reciben estas familias”, defendió Fernández.

Por último, el jerarca ratificó que la idea es que las familias alcanzadas por el sistema “dispongan de lo mejor posible para poder gastarlo en sus bienes”.

“Yo he trabajado muchísimo en los barrios y conozco situaciones de gente que gasta la plata que recibe de esto en cosas que no son lo mejor para nuestros hijos. Eso hay que hablarlo, educarlo y combatirlo. Si hay vulneración de derechos, hay otras herramientas para trabajar en ese aspecto”, dijo, y cerró diciendo que con la nueva metodología, esperan que al “confiar en las familias”, estas “puedan tomar decisiones mejores”.

Las declaraciones del funcionario del Mides acrecentaron la tensión ya existente entre el oficialismo y la oposición por la Rendición de Cuentas, en la que el Frente Amplio tomó la decisión de la coalición como un “palo en la rueda”.

“No se garantiza que el dinero vaya para la alimentación o la salud del niño. Puede terminar en cigarros, cajas de vino o algo peor. Esto no es una buena solución”, escribió el senador colorado Gabriel Gurméndez. 

A los dichos del colorado se sumó el nacionalista Sebastián Da Silva, quien calificó al gobierno como un “Estado ausente” que “no controla el esfuerzo de los contribuyentes”. De acuerdo con la explicación de Fernández, Da Silva adelantó que el resultado de la política dejará “bebitos que no estarán asegurados en su cobertura durante los primeros mil días de sus vidas”.

Por su parte, la senadora Graciela Bianchi publicó un extenso video a la luz de la discusión generada en los últimos días, en el cual marcó que la postura contraria de la coalición es porque quieren “sacar a los pobres de su condición, mejorar la seguridad y eliminar las personas en situación de calle” de “forma verdadera”. 

La legisladora sostuvo que la discusión sobre las nuevas transferencias monetarias “va mucho más allá” de un aumento de recursos y cuestionó que el gobierno elimine los controles sobre el destino de esos fondos. Según afirmó, las prestaciones sociales deben estar acompañadas de contraprestaciones vinculadas a la educación y a la salud de los menores.

“Lo peor que se le puede hacer a los pueblos es regalarles plata porque no se esfuerzan ni se educan”, aseguró. En esa línea, sostuvo que las administraciones anteriores mantenían programas de asistencia, pero “siempre tratando de controlar cómo y para qué se daba el dinero y qué hacía la gente con lo que se daba”.

“No se controla asistencia, no se controla salud, no se controla el estado de cumplimiento de los derechos inherentes a la patria potestad y no hay ningún tipo de restricciones”, afirmó.

La senadora repasó los montos previstos para el nuevo esquema y señaló que un hogar del primer quintil con tres hijos podría recibir $ 30.000 mensuales desde enero de 2027. “No se les dice en qué pueden gastar, además”, criticó.

En el cierre de su mensaje, Bianchi sostuvo que la oposición no rechazó la Rendición de Cuentas por estar en contra de combatir la pobreza infantil. “La única manera de luchar contra la pobreza infantil es dando trabajo genuino y educación de muy buena calidad”, afirmó.